El Garrahan como campo de disputa

Con más de 600.000 consultas anuales y atención gratuita para niños y niñas de todo el país, el Hospital Garrahan enfrenta una situación crítica. En el corazón de este emblema regional en materia de salud pública y excelencia profesional, los recortes presupuestarios y la precarización laboral solo dan cuenta de un plan coordinado de abandono estatal que el gobierno de Milei lleva adelante a traves de la contundente figura de la ‘motosierra’ que se muestra impasible aún frente a los sectores más vulnerables.

En las últimas semanas fue creciendo el conflicto que tiene al Garrahan como protagonista al calor de las sucesivas protestas y paros impulsados por médicos residentes y personal de la salud en reclamo de una recomposición salarial. Denuncian que sus ingresos han perdido más del 50% de poder adquisitivo en el último año y medio, con sueldos por debajo de la línea de pobreza que rondan los $797.000 mensuales. Además, alertan sobre renuncias masivas y complicaciones para retener o atraer profesionales capacitados.

Lo que comenzó como un reclamo salarial fue virando, gracias a la estrategia discursiva del gobierno libertario, hacia una discusión sobre la ineficiencia estatal en el manejo de los recursos. Y tal como ocurrió cuando estalló el conflicto de las Universidades públicas desde el oficialismo se relativizó la gravedad del desfinanciamiento y se sostuvo la idea de que “los recursos están, pero están mal utilizados”. 

Como respuesta, el Gobierno anunció la implementación de un sistema de datos biométricos para controlar los ingresos a partir del 1 de junio y la evaluación de un plus por productividad.

Por su parte el vocero presidencial Manuel Adorni declaró que “El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y sólo 478 médicos de planta. Prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico” Sin embargo, dicha proporción entre la planilla administrativa y los médicos del hospital es falsa. Según datos del Anuario de información estadística 2024, el ultimo disponible, el Garrahan cuenta con 4.728 trabajadores de planta divididos entre el tramo asistencial que incluye médicos, técnicos, auxiliares y ayudantes que componen 3.190 personas; el nivel logístico, con 957 integrantes; y el de conducción, con 581.

El conflicto avanza sin una resolución clara. Sí bien se anunció un incremento salarial para residentes, la disputa sigue latente. Desde la asunción de Milei, el hospital recibió 7,2% menos fondos nominales que el año pasado, y la pérdida real del presupuesto ronda el 30% teniendo en cuenta la inflación acumulada.

La delicada situación del Hospital Garrahan está inscripta en un contexto más amplio de crisis sanitaria atravesada a nivel nacional reflejada en tres ejes fundamentales: desfinanciamiento, vaciamiento profesional y falta de una política pública integral.

Lo que realmente se está disputando no es un conflicto de intereses, sino el modelo de salud pública en Argentina. Los recortes no afectan solo a este hospital: se paralizaron obras en hospitales provinciales, se suspendieron entregas de medicamentos, se desfinanciaron programas territoriales y dispositivos de salud mental. El sistema sanitario en su totalidad está siendo empujado al límite por una lógica de ajuste que no distingue entre personas y números.

La trascendencia del caso del Garrahan se entiende por lo que el hospital mismo representa: un estandarte que flamea bajo la consigna de que la gestión pública puede ser sinónimo de excelencia.  Su desarme, lejos de representar una política de estado ausente, articula un gesto ideológico que denota una complicidad brutal.