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​Desempleo juvenil, una deuda pendiente​ en la Ciudad

  • Foto del escritor: José Scarano
    José Scarano
  • 2 may
  • 4 Min. de lectura

Actualizado: 28 may

La situación del empleo juvenil en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más alarmante. A pesar de ser uno de los distritos con mayor desarrollo económico del país, los jóvenes porteños enfrentan obstáculos significativos para acceder al mercado laboral.​

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En la Ciudad de Buenos Aires, gobernada hace más de 15 años por el mismo proyecto político, la juventud sigue siendo descartada. Mientras se llenan la boca hablando de “mérito”, “oportunidades” y “futuro”, miles de pibes y pibas no consiguen laburo, viven en la informalidad o son empujados a pasantías truchas que solo reproducen la precarización. 

El desempleo juvenil no es una casualidad: es el resultado de un modelo que excluye, que ajusta y que nunca tuvo a la juventud trabajadora como prioridad. 

Según el INDEC, en el segundo trimestre de 2024, la tasa de desocupación entre los jóvenes de 14 a 29 años en CABA alcanzó el 16,5% para las mujeres y el 13,9% para los varones, cifras que duplican el promedio general de desocupación del 7,6%. ​A esto se le suma la creciente informalidad laboral entre los jóvenes, donde más de la mitad de los que trabajan lo hacen en condiciones informales, sin acceso a derechos laborales básicos como aportes jubilatorios o cobertura de salud. ​


Estas situaciones reflejan la ineficacia de las políticas públicas implementadas por el gobierno de la Ciudad en los últimos años para abordar el desempleo juvenil. 


El Plan de Empleo Joven, a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, busca incentivar la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años mediante una asistencia económica mensual que cubre parcialmente sus salarios durante 12 meses. Aunque miles de jóvenes aplicaron a este programa, hasta el momento solo se conocen 4.000 casos de éxito, lo que resulta una cifra ínfima frente al universo afectado. 


Por otro lado, también está el Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo, conocido como FIT, destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad social. Este programa ofrece capacitación en oficios como gastronomía, informática y producción textil; junto con talleres de orientación laboral y tutorías mensuales, a cambio una “beca” simbólica para cubrir los gastos de estudios. En la realidad, la iniciativa carece de mecanismos efectivos de monitoreo para saber si los jóvenes contratados permanecen en sus puestos, si los contratos son renovados o si efectivamente acceden a trabajos formales y estables luego de la intervención del programa.


En abril, se llevó adelante una nueva e ineficiente edición de la Expo Empleo, una política vendida con el objetivo de “promover la inserción laboral, especialmente entre los jóvenes”; pero la oferta de 1.700 puestos no solucionó la realidad de los más de 10.000 jóvenes que asistieron buscando, en su mayoría, su primer empleo. Ni hablar de la falta de seguimiento por parte de las empresas presentes ya que, a pesar de haber dejado sus currículums, la mayoría de los jóvenes no recibieron respuestas o contactos posteriores. Está claro que es necesario mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que las oportunidades presentadas se traduzcan en empleos efectivos reales y que no solo sea una foto para usar en campaña.  


Estos programas poco específicos “de formación y capacitación laboral”, en la práctica sólo representan una escasa articulación con el sector privado, ya que no cuentan con exigencias firmes para que estas experiencias sean pagas ni para que garanticen derechos laborales básicos.


Si analizamos el problema, encontramos su raíz. Las empresas piden jóvenes con experiencia y recién graduados, elementos evidentemente incompatibles.


Como respuesta a esta situación, el macrismo impulsó las “prácticas profesionalizantes” en las escuelas de la Ciudad: “pasantías” mal diseñadas e ineficientes que sólo fomentan la precarización laboral. 


Los estudiantes que participan de estos programas enfrentan diversos desafíos que limitan la efectividad de esta herramienta como un instrumento de inserción laboral para los jóvenes. Estas políticas dicen buscar “acercar a los estudiantes al mundo laboral mediante experiencias en entornos productivos reales”, con el objetivo de que los estudiantes apliquen sus conocimientos en contextos laborales, facilitando su transición al empleo formal. Pero la realidad es otra. 


Desde el ámbito educativo y estudiantil se visibilizó que, en la práctica, estas pasantías presentan limitaciones y precarizaciones significativas tales como la falta de remuneración real, dado que solo perciben, en algunos casos, ciertos “viáticos” que no logran cubrir los gastos reales de transporte de los pasantes; o una escasa vinculación con el mercado laboral real, ya que muchas veces las tareas asignadas no se vinculan con las orientaciones académicas, o con la formación en el área por la que ingresan a la pasantía. 


En resumen, las políticas de la gestión actual se centran en “ayudar” al joven como individuo, pero no atacan las causas estructurales del desempleo juvenil: baja creación de empleo, precarización, informalidad, concentración del mercado y falta de inversión pública en sectores dinamizadores.


Mientras la precarización laboral juvenil avanza y los sueldos no alcanzan, la juventud sigue teniendo palos en la rueda: el transporte que aumenta todos los meses, los alquileres inaccesibles, y ni hablar de pensar en tener una vivienda propia. 


Para revertir esta tendencia, es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden las múltiples dimensiones del problema. ​Fortalecer la educación y la formación profesional implementando programas de capacitación técnica y para el trabajo orientados a las demandas del mercado laboral, con especial énfasis en sectores con potencial de crecimiento.​ ​Incentivar la contratación de jóvenes en el sector privado a través de beneficios fiscales y subsidios para las empresas que promuevan el empleo formal y de calidad.​


Necesitamos que se garanticen pasantías pagas, de calidad y con condiciones dignas en el sector privado y en el Estado, incluso con articulación universitaria.


Necesitamos políticas, y políticos, que demuestren un compromiso firme con la juventud, promoviendo proyectos efectivos que garanticen el derecho al trabajo digno y contribuyan al desarrollo económico y social de la ciudad. 


Necesitamos que el desempleo joven sea una verdadera preocupación de los que nos gobiernan. 


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