Cuando el Estado se retira, los derechos se derrumban.

Esta semana el Presidente visitó Mar del Plata y, mientras hace sus ya característicos shows de mal gusto, le da la espalda al sur del país que está en llamas, y derrumba las banderas del turismo social abandonando un complejo creado a 40km de La Feliz que hizo que millones de argentinos y argentinas puedan gozar de vacaciones en la costa argentina.

El estado actual del Complejo Turístico Chapadmalal no puede explicarse como una simple consecuencia del paso del tiempo ni como un problema técnico de mantenimiento. El deterioro y el abandono son, ante todo, el resultado de una decisión política. Y la comparación histórica deja esa conclusión en evidencia.

Chapadmalal nació de una concepción de Estado que entendía al descanso como un derecho social. Perón y Eva impulsaron su creación bajo un objetivo claro: el turismo no debía ser un privilegio reservado a quienes podían pagarlo, sino una política pública destinada a ampliar derechos, integrar a los trabajadores y garantizar igualdad de acceso al bienestar. El Estado no solo construyó los hoteles, sino que los sostuvo, los habitó y les dio sentido. Este modelo asumía que invertir en turismo social era invertir en dignidad, en ciudadanía y en cohesión social. Chapadmalal no era un gasto innecesario: era una herramienta concreta de justicia social, una presencia estatal que se traducía en derechos reales.

Esa misma concepción fue retomada, décadas más tarde, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2003 y 2015 el complejo volvió a funcionar de manera sostenida, con hoteles abiertos, personal activo y programas de turismo social que recibieron a miles de jubilados, estudiantes, familias trabajadoras y organizaciones de todo el país. Chapadmalal fue entonces una política pública en movimiento: colonias de vacaciones, viajes educativos, actividades culturales y temporadas completas que demostraron que la infraestructura podía mantenerse operativa cuando existía decisión política, presupuesto y planificación.

El complejo no solo garantizaba acceso al turismo, sino que generaba empleo, dinamizaba la economía local y reafirmaba el rol del Estado como garante de derechos.

El escenario actual muestra el reverso de esa experiencia. Durante la gestión de Javier Milei, el repliegue del Estado y la deslegitimación de las políticas sociales producen efectos visibles: hoteles cerrados, edificios deteriorados y programas desmantelados.

En este asunto el rol del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, no puede quedar al margen del análisis. Como principal autoridad del área, su ausencia de una posición clara frente al deterioro del complejo Chapadmalal resulta tan elocuente como preocupante. El abandono de uno de los emblemas históricos del turismo social argentino ocurre bajo su órbita directa, sin anuncios de recuperación, sin planes de puesta en valor y sin una defensa pública del patrimonio turístico estatal. La falta de intervención no solo expresa desidia administrativa, sino también una adaptación silenciosa a un modelo que renuncia a concebir el turismo como política pública y derecho social, reduciendo su alcance a una lógica meramente de mercado.

El abandono de Chapadmalal no es un error administrativo, sino la consecuencia coherente de una mirada que concibe al Estado como un estorbo y a los derechos como costos a eliminar. Donde antes hubo planificación, hoy hay ausencia. Donde hubo inversión social, hoy hay desinterés.

La eliminación de las políticas de turismo social expresa algo más profundo que la ruina de una infraestructura: simboliza el retroceso de una idea de país que entendía al bienestar como una responsabilidad colectiva.

La comparación es inevitable. Chapadmalal funcionó cuando hubo un Estado decidido a sostenerlo, y se deterioró cuando ese Estado se retiró.

El abandono no es natural ni inevitable, es político; y como tal, puede revertirse.